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Paraguay exige el consentimiento de todas las partes para grabar conversaciones privadas. El artículo 144 del Código Penal conlleva hasta 2 años de prisión. Conozca las sanciones, las reglas para grabar a la policía y el cumplimiento de la Ley 7593/2025.
Panamá exige el consentimiento de todas las partes para grabar conversaciones privadas según el Art. 29 de la Constitución y el Art. 165 del Código Penal. Sanciones de hasta 2 a 4 años. La Ley 478 (2025) añade el delito de NCII. Guía completa de cumplimiento.
México sigue el consentimiento de una sola parte para grabar: los participantes pueden grabar sus propias llamadas y conversaciones. La interceptación por terceros requiere una orden judicial federal. Las sanciones alcanzan hasta 12 años de prisión.
Ecuador sigue el consentimiento de una sola parte según el artículo 178 del COIP. Cubre sanciones, imágenes íntimas no consentidas (NCII), reglas laborales, la Ley de Inteligencia de 2025 y la autoridad de protección de datos LOPDP.
Costa Rica es un país de consentimiento de una sola parte. Un participante puede grabar cualquier conversación sin previo aviso. Las sanciones por interceptación de terceros llegan a 3 a 6 años según el Código Penal reformado. Conozca los cambios de 2024 a 2026.
Colombia exige el consentimiento de todas las partes para grabar comunicaciones privadas. Conozca las sanciones según los artículos 192 a 197 del Código Penal, la excepción para víctimas, el derecho a grabar a la policía, las reglas sobre imágenes íntimas no consentidas de la Ley 2197 de 2022 y la ley de deepfakes con IA (Ley 2502 de 2025).
Chile aplica el consentimiento unilateral por interpretación de la Corte Suprema. El Art. 161-A apunta a intrusos terceros, no a participantes. Sanciones de hasta 5 años. La Ley 21.719 entra en vigencia en diciembre de 2026.
Argentina aplica el consentimiento unilateral para grabar según los Arts. 153 y 155 del Código Penal. Incluye la Ley Olimpia, remedios civiles, derecho a grabar a la policía y la reforma de protección de datos 2023-2026.
La difamación en Venezuela es civil y penal: los arts. 442-446 del Código Penal sancionan la difamación y la injuria con prisión y multas, más daños civiles.
La difamación en Uruguay es civil y penal según los arts. 333-334 del Código Penal, pero la Ley 18.515 (2009) protege el discurso de interés público.
España trata la difamación tanto como delito (calumnia e injurias en el Código Penal) como ilícito civil bajo la Ley Orgánica 1/1982 sobre el honor.
La difamación en Perú es civil y penal: la injuria (Art. 130), la calumnia (Art. 131) y la difamación (Art. 132) son delitos del Código Penal con multas o prisión.